"Las familias demandantes confían en los tribunales de la UE y en el sistema legal para proteger sus derechos fundamentales de vida, salud, ocupación y propiedad, los cuales están bajo amenaza con el cambio climático. La UE debe escuchar a estas familias y asegurarse de que están protegidas", sostuvo este jueves en un comunicado su abogado, Roda Verheyen.
La denuncia afirma que el objetivo climático hasta 2030 de la Unión Europea para reducir las emisiones domésticas de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030, comparadas con los niveles de 1990, son "inadecuadas respecto a las necesidades reales para prevenir el cambio climático e insuficientes para proteger los derechos fundamentales".
Estas familias están apoyadas en este proceso por la organización alemana Protect the Planet, que se ha hecho cargo de los costes legales del caso, y la ONG europea Climate Action Network.
Las familias -procedentes de Portugal, Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Kenia, Fiji y la organización de jóvenes lapona Sáminuorra- subrayan que el cambio climático está impactando en sus casas, sus medios de subsistencia, su ocupación tradicional y su cultura.
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